Los ayuntamientos de la Región cumplen

Los nueve ayuntamientos de la Región por debajo de los 5.000 habitantes son eficientes y quedarán fuera con toda probabilidad de la retirada de servicios que contempla el anteproyecto de la reforma local que impulsa el ministro Montoro. Así lo reflejan los datos -los publicados por el Ministerio de Hacienda y lo que manejan los alcaldes- sobre el denominado “coste estándar” de los servicios que prestan al ciudadano.

El Ministerio pretende que el próximo 1 de enero, los municipios de menos de 5.000 habitantes cuyo coste estándar de prestación de los servicios de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado y vías de titularidad local supere un límite -aún sin fijar-, cedan su prestación a las diputaciones provinciales. En el caso de Murcia, sería la Comunidad Autónoma la que se haría cargo de la prestación de estos servicios.

Los cálculos de Hacienda sobre los 6.797 municipios “pequeños” dicen que éstos gastan de media 1.220 euros por habitante y año en la prestación de estos servicios, frente a los 445 de los consistorios con más de cien mil residentes. El Ministerio considera que el 92% de ellos son ineficientes y los ha puesto en su punto de mira. Sin embargo, no parece que los de la Región estén en dicho “pelotón de los torpes”.

En la parte baja de la horquilla

Aún considerando que la parte más baja de la horquilla de coste -los 445 euros- fuera el límite máximo, la media de los nueve “pequeños” de la Región solo está 20 euros por encima. Y eso contabilizando en el coste estándar todos los servicios y no solo los que los cuatro que ha definido el Ministerio. Aplicando el baremo de Hacienda, las cifras casi se reducen a la mitad.

Ocurre en Librilla, con una cifra de 224,85 euros; en Campos del Río, con 293 euros o en Ulea, con 254,35. El alcalde del primero, Francisco Javier Montalbán (PP) destaca la reducción del gasto de 150.000 euros por año al asumir “directamente la recogida de basura”. Montalbán asegura que el “verdadero problema” no está en la cifra de coste, “sino en el problema competencial y en la financiación”. Ahí coincide con Miguel Buendía, alcalde de Campos del Río, que además pone en duda el sistema de cálculo, que el propio Ministerio no desveló ayer. “Debemos mantener las competencias porque somos eficientes en la prestación de servicios”, sentencia.

En Ulea miran de reojo la polémica, ya que al no estar acogidos al Plan de Pago a Proveedores -y por tanto con las cuentas bajo la supervisión directa ministerial- en principio quedarían a salvo de la pérdida de competencias. Su alcalde, Víctor Manuel López (PP), pone el dedo en la llaga sobre dos posibles problemas que acarrearía el traslado de servicios: la capacidad de la Comunidad Autónoma para asumir más partida de gasto y qué hacer con los contratos ya firmados, sobre todo los de agua potable, que suelen tener vigencia por décadas.

Más control financiero

Isabel Toledo, alcaldesa de Pliego y diputada regional del PP, cree que es “injusta” la tábula rasa que ha aplicado el Ministerio -”pagamos justos por pecadores”- y apela por recuperar las fórmulas de mancomunación de servicios, además de endurecer el control financiero, algo que Hacienda ya hace a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De forma tan eficiente que los déficits masivos se ha pasado en un año a que 4.623 consistorios presenten no solo equilibrio, sino incluso superávit.

Jesús García, alcalde en funciones de Albudeite, señala los gastos en Sanidad y Educación -las competencias impropias- como dos sobrecargas que soportan los consistorios y que lastran sus cuentas. Por ejemplo, en Ulea, estos gastos supondrán en una legislatura 300.000 euros, o lo que es lo mismo, la cuarta parte de su presupuesto anual. Los ayuntamientos “pequeños” ya han anunciado que mantendrán un encuentro a final de semana para analizar la propuesta ministerial.

 

Fuente: La Verdad - 22.05.2013

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